La jueza Sharon Blackburn ha aplazado la entrada en vigencia de la ley hasta que decida si es constitucional o no. Los simpatizantes de la normativa aseguran que los estados deberían tener el derecho a combatir la inmigración ilegal, alegando que el gobierno federal no lo hace con eficacia.
Entre otros aspectos, la ley convierte en infractor de un delito a quien a sabiendas contrate o asista a personas si éstas carecen de permiso para residir legalmente en Estados Unidos.
Fuente: Prensa Libre